Gustavo Daniel Maero, condenado por el asesinato de la remisera estrangulada y arrojada al mar a la altura del barrio Los Acantilados en 2008, seguirá detenido en Batán. La Justicia revocó su traslado a otra cárcel y expuso las tensiones, conflictos y códigos que atraviesan dentro del sistema penitenciario.
Por Germán Ronchi
El nombre de Norma Berón sigue flotando sobre uno de los crímenes más oscuros y brutales de la historia policial marplatense. La remisera fue asesinada en diciembre de 2008 y su cuerpo apareció días después entre las rocas y el mar a la altura del barrio Los Acantilados, estrangulado y abandonado como un descarte.
Diecisiete años más tarde, mientras el recuerdo del caso todavía persiste en la memoria colectiva, la vida de quienes participaron del crimen continúa transcurriendo detrás de los muros de la cárcel de Batán, entre conflictos internos, tensiones penitenciarias y disputas de convivencia.
Ahora, la semana pasada, se conoció que la Cámara de Apelación y Garantías resolvió revocar el traslado de Gustavo Daniel Maero, uno de los condenados por el homicidio de Berón, por lo que continuará alojado en la Unidad Penal Nº15 de Batán pese al pedido del Servicio Penitenciario Bonaerense para derivarlo a otra cárcel.
Maero cumple prisión perpetua por el homicidio calificado de la remisera y permanece detenido desde el 1 de enero de 2009.
Las sospechas sobre él aparecieron desde el comienzo de la investigación del homicidio: había trabajado como chofer de Berón y también como taxi boy, pero semanas antes del asesinato había sido despedido por conflictos relacionados con el trato del vehículo.
El cadáver de la mujer fue encontrado el 31 de diciembre de 2008 por una pareja de jóvenes en la zona del barrio Los Acantilados, al pie de un barranco. La escena fue estremecedora: Norma Berón tenía alrededor del cuello dos vueltas de un alambre al que Maero le fijó, en sus extremos y a modo de empuñaduras, un destornillador y un largo tornillo.
Cuando ya estaba sin vida la arrojaron al mar desde lo alto de un acantilado. Pero el cuerpo de la víctima no cayó al agua, quedó sobre una saliente de piedra, la misma donde fue hallado aquel miércoles.
Berón, de 49 años, no se perdió en el mar como pretendían sus asesinos, y apareció boca arriba en un risco situado a unos 20 metros de altura, vestida con una calza y una remera negra, la misma ropa que usaba cuando fue vista por última vez, el 22 de diciembre.
Según la autopsia, la remisera fue asesinada esa misma noche. Además, dicha obducción, determinó que el cadáver presentaba múltiples fracturas post-mortem, lo que confirmó que ya estaba sin vida al momento de la caída.
La revelación de la noticia en las páginas del archivo de LA CAPITAL.
Con el paso de los años, la historia judicial de los responsables continuó escribiéndose dentro del sistema penitenciario. En esta oportunidad, el conflicto surgió luego de que Maero fuera expulsado de uno de los pabellones de Batán por supuestos problemas de convivencia con otros internos.
Según el Servicio Penitenciario, distintos referentes carcelarios se negaban a recibirlo en otros sectores del penal y por eso se había solicitado autorización judicial para trasladarlo a Sierra Chica o Urdampilleta.
Incluso señalaron que el condenado había pasado por numerosos pabellones a lo largo de los años, evidenciando dificultades de adaptación dentro de la cárcel. Sin embargo, la Cámara cuestionó la falta de precisiones sobre esos conflictos y consideró que el traslado aparecía como una medida apresurada.
Los jueces remarcaron además una contradicción: mientras el propio sistema penitenciario calificaba la conducta de Maero como “ejemplar 10” desde 2019 y reconocía que no registraba sanciones disciplinarias recientes, al mismo tiempo impulsaba su alejamiento de Batán.
El fallo también tuvo en cuenta que el condenado mantiene una relación con Graciela del Valle Ruiz, coimputada en la misma causa y alojada en la Unidad Penal Nº50 de Batán, con quien sostiene encuentros intercarcelarios y visitas íntimas mensuales.
Para los magistrados, antes de enviar a Maero a otra cárcel debía agotarse la mediación interna y la intervención del Comité de Prevención de Conflictos del penal.
Así, mientras las olas siguen golpeando las piedras de los acantilados donde apareció el cuerpo de Norma Berón, los responsables del crimen continúan atravesando otra clase de encierro: el de las disputas silenciosas, los códigos carcelarios y las tensiones permanentes que sobreviven muchos años después del asesinato que conmocionó a Mar del Plata.